Por José Manuel Guevara Acosta
Luego de que el Tribunal Constitucional (TC) dictaminara, mediante la sentencia 0788/24, sobre las candidaturas independientes, consolidando un Estado social, democrático y de derecho, los partidos políticos se pronunciaron, haciendo algunas críticas a esta decisión e incluso intimidando a la Junta Central Electoral (JCE), estableciendo estándares sobre cómo debería actuar respecto a esta nueva figura en el ámbito electoral.
Cabe destacar que la JCE ha introducido elementos que dificultan la implementación de las candidaturas independientes.
Uno de estos elementos es la eliminación del acceso a los recursos del Estado para dichas candidaturas, lo que constituye una violación a la Constitución de la República Dominicana, específicamente en su artículo 39, que establece:
«Todas las personas tienen derecho a la misma protección y oportunidades para desarrollarse social, económica y políticamente.»
Mientras que los partidos tradicionales sí reciben financiamiento estatal, las candidaturas independientes no tienen el más mínimo derecho a competir en igualdad de condiciones, mucho menos en equidad, a pesar de que los partidos políticos reciben sumas cuantiosas del Estado.
Otro obstáculo inaceptable es la exigencia de presentar un padrón con un mínimo del 2 % del electorado ante la JCE para aceptar dichas candidaturas.
Analizando estos aspectos, queda claro que la figura de las candidaturas independientes desaparece, limitando el derecho ciudadano a elegir y ser elegido, además de impedir la inscripción de boletas sin trabas. Esto demuestra que a la JCE aún le falta mucho para consolidar un desarrollo político, social y democrático basado en el respeto a nuestras leyes, sin la influencia de los partidos políticos.
Otro elemento que se suma a estas restricciones es la limitación a solo tres inscripciones por circunscripción, lo que representa un derecho coartado y una violación de los estándares constitucionales.
Además, aunque estas candidaturas no recibirán recursos del Estado, se les exige cumplir con los mismos requisitos que un partido político, lo que evidencia que la JCE desconoce el verdadero concepto de candidaturas independientes, tal como ha sido implementado en otros países donde esta figura ya es una realidad.
Nadie está por encima de nuestra Carta Magna, pero necesitamos hombres y mujeres que la hagan valer. Siempre nos enfrentamos a la realidad de que «los poderosos no procuran justicia, sino más bien poder, para seguir construyendo su imperio y moldear la justicia a su antojo.»
¡Justicia es ser justos!
El autor es abogado, docente, activista social y político
