Tribunales le han ordenado defender a personas jurídicas pero esta se niega y varios casos están en el limbo
Por falta de representantes legales, varios procesos penales que involucran empresas y organizaciones acusadas de ser parte de redes para lavar activos provenientes de presuntos actos de corrupción, criminalidad organizada y narcotráfico se encuentran estacados porque no tienen abogados que las defiendan.
En los últimos años, para hacer frente a esa situación, al menos tres tribunales apoderados de expedientes declarados complejos, han ordenado a la Oficina Nacional de Defensa Pública asumir la representación de esas entidades acusadas por el Ministerio Público de mover millones de pesos a través de cuentas bancarias, así como figurar como tenedoras de bienes valorados en millones de pesos. Sin embargo la Defensoría se ha negado a asumir esos casos.
“Las empresas, se supone que persiguen un fin de lucro, deberían tener un patrimonio, deberían poder contratar sus propios abogados” expresó Francisco Álvarez, coordinador de Participación Ciudadana al referir que, en principio, el Estado no debería asumir la representación de empresas sometidas penalmente por esos tipos de delitos graves.
La primera decisión que detonó el conflicto fue del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en 2023 cuando dispuso que a F & F Ezel Import, SRL, acusada de apropiarse de la suma de más de RD$684 millones en procesos de licitación de alimentos para las cárceles, fuera asignado a la defensoría.
Esa entidad tiene como socio gerente a Rafael Razuk Moya Feliz, quien llegó a un acuerdo con el Ministerio Público y admitió ser parte de una estructura integrada por varias entidades comerciales que presuntamente se asociaron con el exprocurador Jean Alain Rodríguez para estafar al Estado. Se declaró culpable y fue condenado a tres años de prisión suspendidas.
Luego, en 2024, en el juicio seguido a los exdirectores del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidenciales (CUSEP) y El Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), Adan Cáceres y Juan Carlos Torres, respectivamente, así como a la pastora Rossy Guzmán, Rafael Núñez de Aza, el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, entre otros, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional también dispuso la asistencia.
En esa ocasión, para las empresas Único Real State, acusada de recibir más de 122 millones de pesos y ser tenedora de bienes muebles e inmuebles valorados en millones de pesos y para RG&S Soluciones Financieras, imputada de ser instrumento para el lavado de activos, la cual habría recibido transferencias bancarias, entre el 2014 y el 2021, por más de 25 millones de pesos.
De igual modo, para la Asociación Campesina Madre Tierra y el Ministerio Jesús Vive y Vuelve, acusadas de ser uno de los principales instrumentos jurídicos usados por mayor general Cáceres.
Madre Tierra, presuntamente tuvo movimientos financieros por unos 242 millones de pesos y posee un inmueble con infraestructura que vale casi cuatro millones de dólares, sin tomar en consideración los equipos y los animales que poseía, según dice el MP en su acusación.
En tanto que a la organización religiosa se le acusa de recibir más de 22 millones de pesos, presuntamente de la estructura que fue condenada el pasado mes de junio a penas que van de los 5 hasta los 20 años de cárcel por corrupción, lavado de activos, desfalco contra el estado, entre otros delitos.
Para esas cinco entidades se dispuso la asistencia estatal bajo la advertencia de imponer hasta 5 mil pesos de astreinte por cada día de incumplimiento de la decisión. Tres años después, no se le ha dado cumplimiento a esas órdenes por lo que esos procesos permanecen en el limbo.
DP no acata las órdenes
El director de la Defensa, Rodolfo Valentín, emitió un comunicado prohibiendo a los defensores asistir a personas jurídicas. El Ministerio Público sometió un recurso de inconstitucionalidad, por la vía difusa, en contra de esa ordenanza ante el Primer Colegiado y ésta fue acogida.
Julio César de la Rosa, presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción considera “un absurdo” que el estado tenga que proveer el defensor público a la persona jurídica. Entiende que eso rompería con la misión principal que tiene esa entidad.
“Todos nos debemos fiscalmente al Estado para solventar las necesidades que el Estado está llamado a proveer. Y una defensa gratuita, es necesaria para solidaridad de aquellas personas que no tienen los recursos”, explicó el jurista Carlos Salcedo.
En tanto que el exjuez de la Suprema Corte de Justicia y exrepresentante de esa alta corte en el Consejo de Nacional de la Defensoría Pública, Hirohito Reyes, entiende que es “un poquito cuesta arriba” que los escasos recursos económicos y de personal que tiene la Defensoría, disponerlo para asumir procesos de razones sociales “que pueden cubrirse sus cosas”.
“Donde se está requiriendo el auxilio de las razones sociales por parte de la Defensoría, son procesos de grandes envergaduras, donde hay involucradas, grandes sumas de dinero. Entonces uno diría, pero entonces ¿Estos entes, que actúan aquí, no tienen la capacidad económica para defenderse?”, cuestionó el exjuez supremo al referir que la Defensoría tiene una función eminentemente social, con la cual auxilian a la mayoría de las personas de escasos recursos, algo que no iría con una razón social.
La defensoría “no defiende, ni va a defender empresas, que les quede claro”, dijo Valentín, quien recurrió ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional y en casación ante la Suprema Corte de Justicia pero en ambos espacios fue declarado inadmisible, razón por la cual anunció que apoderaría al Tribunal Constitucional.
Además, expresó preocupación por considerar que el fallo de la Suprema podría provocar una avalancha de expedientes de razones sociales sometidas a la justicia. “La Defensa Pública es respetuosa de las decisiones de los tribunales del país, pero no va a caer en esa trampa mal intencionada de parte de jueces, fiscales y abogados privados”, precisó.
El caso más reciente
Los jueces continúan emitiendo resoluciones en ese sentido; la más reciente fue en agosto pasado en el caso del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), relativa a un presunto entramado organizado para defraudar al Estado en lo relativo al proyecto de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
El Tercer Tribunal Colegiado dispuso, asignar un defensor a la empresa Inprosol SRL acusada de recibir más de 28 millones de pesos. Esa empresa, según su propietario, tiene un contrato por cien millones de pesos para ese proyecto.
La institución le notificó al tribunal, el 4 de septiembre, que el servicio de asistencia legal gratuita que brinda, está concebido esencialmente para personas físicas y no para personas jurídicas.
“Me gustaría aclarar que ciertamente a la empresa Inprosol, de la cual soy el propietario, se depositaron 28,000,000 de pesos, pero el proyecto no quedaba ahí, su magistrada, el proyecto era de aproximadamente 100,000,000 de pesos, que vale la red de fibra que yo implementé”, declaró Carlos José Peguero Vargas a la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción.
El Ministerio Público afirma que esa empresa está vinculada directamente a Transcore Latam y que participó activamente en la movilización y ocultamiento de fondos ilícitos provenientes de contratos fraudulentos y que sus cuentas recibieron y transfirieron montos significativos a favor de Gómez Canaán y de sus allegados.
Caso narcotráfico
Pero no solo en los casos de presunta corrupción se ordenó defender empresas, también en la relacionada con narcotráfico y eso lo dispuso un tribunal en San Cristóbal a fin que la Agencia de Cambio Estrella, condenada posteriormente por esos delitos, también fuera asistida por el Estado. Según el Ministerio Público esa empresa creada en 2015, poseía un capital social registrado de 30 millones de pesos.
Esa entidad forma parte de las 14 personas jurídicas sometidas en San Cristóbal, tras el decomiso de unos 1400 kilos de cocaína. En juicio a la red se le decomisó bienes que valen más de 14 millones de dólares
El fallo adoptado por mayoría de votos se le advirtió que el Ministerio Público ha indicado que, de no cumplir con el requerimiento, “pudiera ejercer las vías correspondientes para que pueda ser sometida por desacato”
“Creo que es contra natura y que rompe la esencia de la defensoría pública que originalmente se reservó para aquellos que no tenían cómo contratar un defensor privado”, enfatizó de la Rosa.
El nuevo Código Penal amplia la responsabilidad penal de las personas jurídica. En los artículos del 8 al 12 describen que estas serán penalmente responsables de las infracciones cometidas por los actos u omisiones punibles de sus órganos, representantes o subordinados.
“Hay grandes procesos de esto que es donde a veces están requiriendo el auxilio de las zonas sociales en un proceso…en la instancia de la instrucción, hay un proceso de esos que han agotado 1,200 horas, 1,160 horas, entonces usted asignar a una persona, a un abogado que está para auxiliar a personas de escasos recursos, pues entonces mermaría la efectividad de ese organismo que no tiene muchos defensores”, explicó Reyes.
Perfil de empresas y personas vinculadas
Único Real State es una empresa de la pastora Rossy Guzmán, condenada a 15 años de prisión. De acuerdo con la acusación, esa entidad adquirió nueve solares en Colinas del Oeste, cuyos terrenos van desde los 400 hasta los 500 metros cuadrados y estaban valorados en más de RD$40 millones. También compró una embarcación llamada Celtic Star. Guzmán fue asistida por la defensoría.
El Ministerio Público afirma que la Asociación Campesina Madre Tierra y el Ministerio Jesús Vive y Vuelve, están vinculadas directamente con el mayor general y exdirector del CUSEP, Adan Cáceres, condenado a 20 años de prisión. “Aunque Adan Cáceres no figura como miembro de la asociación, la prueba testimonial y documental aportada establece que sí”, dijeron las juezas del Primer Tribunal Colegiado al emitir el fallo condenatorio.
En tanto que RG&S Soluciones Financieras está relacionada con el mayor del Ejército, Raúl Girón, condenado a cinco años y quien también fue asistido por la Defensoría.
