Julio Alberto Martínez Ruíz
Sorprende ver que algunos izquierdistas del patio, atrincherados en supuestas convicciones ideológicas, y uno que otro patriotero de hojalata ––sedientos de notoriedad electoral–– hablen de una supuesta “cesión” o “violación de la soberanía nacional”, por la decisión del presiente Abinader, ––en pleno ejercicio de sus facultades constitucionales como jefe de la política exterior dominicana–– de permitir de manera temporal, restringida y amparada en acuerdos vigentes, el uso de espacios limitados en la Base Aérea de San Isidro y en el Aeropuerto Internacional de las Américas para operaciones logísticas de aviones de reabastecimiento, transporte de equipos y personal técnico de los Estados Unidos.
Olvidan –o fingen olvidar– que el Acuerdo de Interdicción Marítima y Aérea de 1995 fue firmado por quien muchos consideran el presidente más nacionalista de nuestra historia reciente, el doctor Joaquín Balaguer, y el entonces presidente Bill Clinton, precisamente para intensificar las operaciones antinarcóticos bilaterales.
Se les escapa –– o lo omiten adrede–– que en el año 2003 el senado dominicano amplió y ratificó El Convenio sobre Cooperación para la Supresión del Tráfico Ilícito Marítimo y Aéreo de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas en el Área del Caribe. Y que, en el 2006, lo aprobó. Todo con el mismo propósito: facilitar la cooperación entre la República Dominicana y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.
Queda meridianamente claro que no existe conflicto constitucional ni legal alguno y que en nada afecta la soberanía dominicana. La lucha contra el narcotráfico ha sido, como afirmó el presidente Abinader durante la histórica visita del secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth––– una prioridad compartida de todos los gobiernos dominicanos. Reconociendo de manera implícita, como luego vino a confirmarse, que sus predecesores, el expresidente Medina, Fernández e Hipólito Mejía, conocían el alcance de los acuerdos.
En materia de política exterior solo cabe la defensa racional de los intereses nacionales: no hay espacios para infantilismos ni ideologías de pacotilla. ¿Vamos a pelear con nuestro principal socio comercial y aliado estratégico? La sola pregunta resulta ofensiva. Mas aún cuando combatir los carteles de la droga significa, entre otras cosas, prevenir que muchas personas caigan presa de esa desgracia, además de cortarle el oxígeno financiero a un régimen que lleva más de un cuarto de siglo enquistado en el poder.
Sin embargo, resulta risible que esos izquierduchos –y uno que otro avivato irresponsable– sean muy tímidos y muy moderados a la hora de condenar la narco-dictadura de Maduro que ha expulsado a más de ocho millones de venezolanos de su tierra y que mantiene a una gran parte de los que se quedaron buscando alimentos en los zafacones por las precarias condiciones económicas que atraviesa esa gran nación. No se les escucha alzar la voz con la misma vehemencia contra un régimen que oprime a su pueblo, que se robó las elecciones de julio de 2024 y que aún, más de un año después, se niega a mostrar las actas electorales que supuestamente lo hicieron ganador.
Aunque en otros países ha aumentado la producción de cannabis, opioides, cocaína, éxtasis y anfetaminas, según establece la ONU en su Informe Mundial sobre Drogas, en los últimos cinco años la República Dominicana ha decomisado más de 226, 814.19 kilogramos de drogas; es decir, diez veces más por año que en la década anterior. Por esa razón, Estados Unidos propuso a nuestro país para dirigir la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y, en el mismo sentido, el propio secretario Hegseth afirmó en el Palacio Nacional que la República Dominicana, bajo el liderazgo del presidente Abinader, se ha convertido en el referente regional en la lucha contra el narcotráfico.
¡Enhorabuena!