En las últimas semanas, la República Dominicana se ha visto sacudida por uno de los escándalos de corrupción más graves en el sistema de salud pública de los últimos años: el caso Senasa. Lo que comenzó como reportes periodísticos y auditorías internas ha derivado en una investigación profunda del Ministerio Público, denominada Operación Cobra, que ha revelado presuntos desvíos millonarios de recursos destinados a proteger la salud de millones de dominicanos.
La Procuraduría General de la República ha señalado que una red, liderada en su momento por el entonces director de Senasa, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, habría operado un esquema para desviar más de RD$1,400 millones a través de cobros indebidos por vacunaciones no aplicadas, manipulación de autorizaciones médicas y contrataciones irregulares de centros privados.
Además de los impactos económicos, la investigación ha desvelado prácticas que van más allá del simple fraude: afiliados han sido sometidos a procedimientos de alto riesgo sin necesidad real, lo que lleva a cuestionar la ética y el respeto por la vida humana dentro de instituciones que deberían protegerla.
Senasa es la principal aseguradora estatal de salud del país, brindando cobertura a más de 7.6 millones de personas, en su mayoría pertenecientes a los sectores más vulnerables. Cuando en instituciones como esta se detectan irregularidades de tal magnitud, el daño trasciende lo económico y se convierte en una herida profunda a la confianza ciudadana. La salud no debe ser un espacio para la especulación ni el lucro indebido; es un derecho fundamental que exige integridad, transparencia y compromiso.
Este caso nos obliga como sociedad a preguntarnos qué estamos dispuestos a tolerar y qué cambios reales estamos dispuestos a exigir. La corrupción en el sector salud no sólo desvía recursos públicos; rompe el contrato social, especialmente cuando quienes más dependen de estos servicios son los más desfavorecidos.
La responsabilidad no termina en la justicia
Que se judicialice y sancione a quienes se beneficien de actos corruptos es indispensable. En el marco de la Operación Cobra, varias personas han sido arrestadas e imputadas, y algunos incluso han admitido hechos ante la justicia. Pero más allá de las sanciones penales, este escándalo debe impulsar una reforma profunda de los mecanismos de control y supervisión del sistema de salud pública.
La sociedad civil, los profesionales de la salud, los líderes comunitarios y cada ciudadano tenemos un papel que jugar. Exigir transparencia, apoyar auditorías independientes, fortalecer la educación cívica y fomentar una cultura de vigilancia ciudadana no son meros lemas: son acciones concretas para prevenir que hechos como estos se repitan.
El autor es docente