Las concesiones más onerosas que ha otorgado el Estado dominicano

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Miles de millones de pe­sos han sido desembolsa­dos por el Estado domi­nicano en las últimas dos décadas gracias a contra­tos supuestamente “bene­ficiosos” para el pueblo. Sin embargo, los verdade­ros beneficios sólo los han disfrutado las empresas privadas.

Estos contratos firma­dos en modalidad de con­cesión, donde la adminis­tración pública les entrega a compañías el derecho a explotar, operar y/o ges­tionar bienes o servicios públicos durante un tiem­po determinado, han comprometido en nume­rosas ocasiones el futuro del país.

Entre los casos que se pueden destacar están los de Aerodom, Cogentrix, una planta de energía; Ba­rrick Gold y Punta Catali­na.

Otro caso polémico ha sido el “peaje sombra” de las autopistas que co­munican a Santo Domin­go con Samaná, por el que el Gobierno ha pagado RD$26,835 millones para suplir el déficit del tráfico de vehículos por los peajes, casi duplicando la inversión inicial del proyecto y toda­vía restan 17 años para que finalice.

El “negocio redondo” de Aerodom
La concesión a la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, mejor conocida como Aerodom, se remon­ta al 7 de julio de 1999.

El acuerdo fijado entre el Estado dominicano, repre­sentado por el entonces se­cretario de Obras Públicas durante el primer mandato de Leonel Fernández, Dian­dino Peña, y la empresa concesionaria dominicana, consistió en la entrega de seis aeropuertos nacionales hasta marzo de 2030.

Los Aeropuertos Inter­nacionales de Las Américas y el presidente Dr. Joaquín Balaguer, en Santo Domin­go Norte; Gregorio Lupe­rón, en Puerto Plata; María Montez, en Barahona; Juan Bosch y el Aeródromo Arro­yo Barril, en Samaná, fue­ron los bienes cedidos a la concesionaria.

Con la firma, Aerodom se comprometía a adminis­trar, operar, renovar, expan­dir, brindar mantenimiento y explotar económicamen­te a los aeropuertos, ade­más de encargase de la mo­vilización de millones de pasajeros y de 49 aerolí­neas. En aquel entonces el Gobierno entendía que pri­vatizar los aeropuertos era la “opción ideal”, no obs­tante, el problema se inició precisamente a partir de la signatura del contrato y sus adendas.

Con el fin de recuperar su inversión original de ca­si US$119 millones, Ae­rodom le exigió al Estado dominicano introducir al contrato de concesión un “equilibrio económico” que garantizaría “el rendimien­to en la ejecución del pro­yecto”.

Según el artículo 11.1 del contrato, el Gobierno domi­nicano y la Comisión Aero­portuaria han tenido que incurrir en “medidas com­pensatorias” para asegurar el “equilibrio” de la conce­sión, cuyas consecuencias no han dejado de manifes­tarse en el fisco.

Las facilidades otorgadas por el Estado le permiten a la empresa operar los aero­puertos del país con exen­ción total de impuestos, así como retener “en sus ma­nos y su beneficio” la tasa de US$1.30 que debe pa­gar al Departamento Aero­portuario por cada pasajero que entra o sale del país.

A esta “gracia” también se le agregan las cuantiosas cifras que devenga Aero­dom por el uso de rampas, espacios, pistas, parqueos y otros servicios dentro de los aeropuertos, además de la extensión de la vigencia del contrato por otros cin­co años.

Los beneficios antes men­cionados son citados en la resolución firmada el 8 de marzo de 2004 por el exsecretario de Obras Públicas, Miguel Vargas Maldonado.

Según la resolución, los fondos provenientes de la retención que realiza Aerodom serían destinados para la construcción del Aeropuerto Internacional de El Catey (Samaná), ya que la empresa argumentó “no poder cumplir con su programa de inversión en las obras” por no haber obtenido el financiamiento a largo plazo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

¿Por qué “Equilibrio Económico”?
Gracias a la cláusula de “Equilibrio Económico” Aerodom pudo recibir ayuda financiera del Gobierno para culminar proyectos que debían ser financiados con fondos propios.

La concesión aprobada por el Congreso Nacional estipula que la empresa “tiene el derecho a recurrir al equilibrio económico” cuando exista “disminución del tráfico de pasajeros en los aeropuertos a niveles significativamente inferiores a los previstos en la oferta hecha por la Concesionaria”, “devaluación significativa del peso dominicano” y “perturbación sostenida del entorno económico causado por la hiperinflación”.

Este presunto “equilibrio” le permitió a la empresa renegociar total o parcialmente el contrato, posponer compensaciones, modificar cláusulas y/o anexos, ampliar plazos, modificar la estructura tarifaria y cualquier otra medida que considere “conveniente”.

En 2016 la compañía pasó a formar parte de la plataforma aeroportuaria internacional Vinci Airports, luego de que el grupo concesionario adquiriera la mayoría accionaria.

SEPA MÁS
Punta Catalina
A mediados de mar­zo de 2020 la CDEEE anunció que pagaría US$395 millones al con­sorcio Odebrecht-Tech­nimont-Estrella como un “pago adicional” a los US$1,945 millones que ya había desembolsado para la construcción de la termoeléctrica Punta Catalina.

Pagos adicionales
La constructora había reclamado en julio de 2017 que el Gobierno dominicano debía pa­garles US$973.2 millo­nes por “trabajos adi­cionales” y “extensión de tiempo”. En junio de 2018 el Gobierno creó un fondo de US$336 mi­llones para terminar la planta eléctrica y más tarde pagar US$59.5 mi­llones más.

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