El caso Macarrulla

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Por José Luis Taveras

Twitter estrena temporada ciclónica. El huracán Medusa arrecia su expansión viral. Las ráfagas arrastran viejas reputaciones sin todavía conocerse con certeza su rumbo ni el trazo de su campo nuboso. La semana pasada el protagonista era Jean Alain Rodríguez como figura estelar del guion. En esta entra en escena un actor de reparto: Lisandro Macarrulla, ministro de la Presidencia, quien lleva cuatro días dominando tendencias en las redes sociales.

Las razones son conocidas: una de sus empresas vinculadas, Mac Construcciones SRL, ejecutó el lote cinco del proyecto de la nueva Victoria, recinto carcelario reconstruido en la gestión de Jean Alain Rodríguez. La asignación delegada a esta empresa era edificar las oficinas administrativas del complejo penitenciario, una obra que envolvió una erogación de RD$1,298,210,894.40.

Los inéditos detalles del proceso han encendido los ánimos públicos. En estos días se vive un ambiente febril con la vocación de aquietarse con otro evento de igual talla, y es bueno que así suceda porque en nada favorece la fría serenidad que debe animar una investigación judicial de ese calado.

Este caso apenas agota trámites preliminares y por la naturaleza de las imputaciones, la multiplicidad de actores y la especialidad de las pesquisas debe ser declarado complejo. Entre la solicitud de las medidas de coerción y la presentación de la acusación puede mediar hasta un año como más, de manera que todavía queda un camino largo por andar.

Se trata, pues, de un trabajo instructivo de dilatada construcción que puede comprometer nuevas imputaciones. Pero hay un punto crítico: es un expediente en contra de un exprocurador general de la República y, en tal condición, el actual Ministerio Público observará todo el cuidado para no incurrir en festinaciones, descuidos ni ligerezas. Ese celo se afirmará aun más porque en la relación del principal imputado y la actual procuradora hubo un tormentoso desencuentro personal que, aunque redimido, no debe influir para que el proceso se interprete como retaliativo. La investigación debe ser operada con guantes quirúrgicos y el Ministerio Público no desperdiciará tesones. Su sólido prestigio está en juego.

De manera que a las autoridades del Ministerio Público les interesa sacar una acusación final robusta y liberada de toda sospecha o contaminación interna o externa. Ellas saben que, por la convergencia de intereses tan conflictivos, este caso someterá a prueba su independencia, y en tal trance no me cabe la menor duda de que sus titulares están resueltos a no empeñarla.

Así las cosas, el alboroto Macarrulla, además de adelantado, es ocioso porque, en el momento oportuno, el ministro de la Presidencia dará las explicaciones de forma voluntaria o a requerimiento del Ministerio Público. Bastará esperar pacientemente que una de las dos suceda primero. Lo demás son petardos al aire. Si se abre esa línea de investigación, como debe ser, las autoridades solicitarán a la nueva Cámara de Cuentas que realice una auditoría forense para determinar, con valor probatorio vinculante, si hubo o no sobrevaluación o algún indicio de fraude en la contratación, ejecución o pago de la obra. Sé que el más interesado en esto es el propio Macarrulla, que empieza a sobrellevar un karma poco deseable.

Sin ánimo de trivializar sino de contextualizar creo, sin embargo, que se ha creado un tsunami en un vaso de agua. Esto lo digo porque realmente en los comentarios que marcan tendencia en las redes no se hacen acusaciones anticipadas en contra del funcionario, más bien la mayoría le requiere al presidente de la República que, por un asunto de coherencia, le dé igual trato al ministro de la Presidencia que el que recibieron, en circunstancias equivalentes, los señores Kimberly Taveras, Leonardo Faña, Luis Dicent y otros. No pienso que haya habido una orquestación dirigida por intenciones más fuertes que ese interés. Obvio, los adversarios políticos, personales y empresariales siempre están atentos y les sacan provecho a esas y otras contrariedades, pero en este caso no creo que haya sido el factor activador. Creo que, por esa parte, Macarrulla debe estar sereno. Pero también hay que entender una cosa: la indignación causada por las revelaciones de la solicitud de medidas de coerción a Jean Alain Rodríguez y coimputados está en su máxima efervescencia, situación de “emotividad expansiva” en las redes, que tiende a salpicar todo lo que está cerca y más a un funcionario de su rango y cercanía presidencial.

Tampoco estoy de acuerdo con esta inoportuna cruzada de solidaridad moral con Lisandro Macarrulla por parte de funcionarios activos. Es neciamente imprudente. Se debe entender la sensibilidad de la situación: hay una investigación judicial abierta y esas valoraciones, en cualquier contexto, condicionan o pueden interpretarse como sugestivas. Me recuerda la defensa preventiva que hacían los funcionarios del PLD con propósitos disuasivos cuando se destapaba algún escándalo. Un Gobierno que respete la independencia judicial debe ser neutral. Este es un asunto que incumbe al ministro; lo que se pide es explicación, no defensa de una moral que no se ha cuestionado.

La prudencia aconseja la reserva del silencio para no contaminar la independencia y objetividad de la investigación. Justamente, la separación provisional del cargo en situaciones como esta se hace para evitar toda suerte de constreñimiento, aunque sea sutil, expreso o tácito. Eso debe parar por el bien del propio Macarrulla, quien precisa de un descargo limpio y libre de toda duda cuando se logre esclarecer, como esperamos, este asunto.

El proceso de la Operación Medusa pone en dura prueba a todos los actores y factores involucrados en su solución: a la independencia del Ministerio Público, hasta ahora creída por la sociedad como el mejor activo de la presente gestión; a la autonomía de la nueva Cámara de Cuentas; al Gobierno y su compromiso por la transparencia y a las sanas intenciones del presidente Luis Abinader.

Creo que el presidente Abinader tiene la última palabra en la suerte de Lisandro Macarrulla. Si lo deja como funcionario, quiebra un criterio hasta ahora firme de intransigencia. Entonces la población empezará a inquirir las razones de la discriminación a favor del ministro o a exigirle al presidente las explicaciones que no dio en otros casos, como el de Plutarco Arias, por ejemplo, contra quien no había siquiera una investigación oficialmente abierta. Si en cambio lo separa temporalmente, entonces podría privarse de un colaborador cercano y eficiente, de su entera confianza. A menos que el propio Macarrulla le evite el apuro; en ese caso, se trata de un asunto de conciencia y en ella solo él manda. En cualquier escenario, ninguno podrá liberarse del severo escrutinio de las redes y, obvio, el costo político que entraña.

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