La Jueza Miriam le habló a la Procuradora

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ÁNGEL LOCKWARDSANTO DOMINGO, RD

Tuve deseos de lanzar un zapato al televisor cuando Jean Alain, en ocasión de la presen­tación de la magistra­da Miriam Germán para la reno­vación de su mandato como Juez de la SCJ, intentaba humillarla suministrando informaciones obtenidas por medios de dudo­sa licitud. Dos años más tarde le detuvieron, no niego que me hi­zo sentir bien la posibilidad de su condena, pero bajo ninguna circunstancia, su humillación y la conculcación de sus derechos porque estás nada aportan a la justicia.

El pasado martes leía la reseña de Listín Diario sobre la compa­recencia de la Procuradora Gene­ral de la República ante la Cámara Americana de Comercio; afirma­ba la noble jueza hoy Procurado­ra, que “el proceso penal no impli­ca la pérdida de la dignidad de las personas” pero la verdad es que esa garantía constitucional, hoy para muchos, no existe en el país.

Expresó claramente que la per­secución penal debía ser “sin de­jarnos arrastrar por el populismo penal”, pero actualmente, el show mediático –acompañado de filtra­ciones de información privilegia­da- anula toda posibilidad de jus­ticia imponiéndose a los jueces entre los cuales, según declara­ción de muchos abogados –reco­gida hoy en la prensa- hay una si­tuación de “terror judicial”.

Puntualizó que “hay que evitar que la notoriedad de un caso deri­ve en la sobre-exposición mediáti­ca de las víctimas y los imputados (…) Los casos deben ser dilucida­dos en los tribunales, para adop­tar una decisión conforme a los hechos verificados y el derecho aplicable”.

Estaba hablando, creo, la Jue­za que durante toda su carrera fue icono de garantías a los justi­ciables quien, siempre, con un cri­terio de prudencia aplicó con jus­ticia la ley y, que desbordada por la presión pública, no ha logrado brindar esas garantías desde la je­fatura del Ministerio Público. Re­pone esas garantías conculcadas, como en las alertas migratorias, mediante un “exhorto”.

El Presidente Abinader, que bo­rracho de buenas intenciones, ha querido una Justicia independien­te, algo que ya teníamos -aunque no era buena, pues la Procuraduría General no es la Justicia- llegó a su­gerir una modificación constitucio­nal para “blindarla”, juiciosamente doña Miriam aclara que en el mar­co de la Ley 133-11 y de las previ­siones constitucionales “no existe espacio para instrucciones o interfe­rencias del Poder Ejecutivo” en sus actuaciones.

En este aspecto la Norma Sustan­tiva y la prudencia establecen, co­mo en todos los países, que el Mi­nistro de Justicia, es miembro del Gabinete y, en este, está encargada de la política criminal del Estado, que es algo más, mucho más, que la persecución de la corrupción, im­plica de hecho, en muchos casos, cuestiones ligadas a la seguridad nacional. Las actuaciones de la Pro­curaduría, más que la de cualquier otro miembro del gabinete, tienen efectos en la seguridad interior y, sin comprometer su independencia –administrativa, funcional, económi­ca, presupuestaria– exigen coordi­nación e información al Ejecutivo.

Suponga que mañana doña Mi­riam, toda prudencia, no es la Pro­curadora y cualquier fiscal –bus­cando cámara- amanece con una orden de arresto en contra de Da­nilo, Leonel e Hipólito y la ejecuta a media noche sin informar al Pre­sidente de la República, sin conoci­miento del DNI, ni de la Policía. Eso, en horas previas a un encuentro de los cuatro para tratar la reforma fis­cal o el tema haitiano.

Imagine que obtiene, en el mar­co de una indagatoria, una orden de arresto en contra del Ministro de las Fuerzas Armadas y el Director de la Policía Nacional y con sus efectivos asignados – in informar al Presiden­te- se presenta a ejecutarla y se arma una balacera.

En ambos casos, el Comandan­te en Jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional quedaría co­mo un tonto por la actuación de su Ministerio de Justicia, pero él sigue siendo responsable de los hechos que se deriven porque su primer de­ber es mantener la gobernabilidad y la seguridad pública piezas claves del bienestar que en democracia se logra solo a través del consenso po­lítico.

El Estado es un ente armónico, como debe serlo su Gobierno o pe­recen como cualquier casa dividida porque el objeto de la Administra­ción –de la que el Ministerio Públi­co es parte– es el bien común: La ra­zón por la que esta Administración fue elegida no fue la persecución criminal en violación a las normas procesales y al sentido común, aun­que existiera un claro mandato pa­ra poner fin a un estado de cosas in­deseadas, éste, como expresó doña Miriam, se debe ejecutar con pru­dencia dentro de las políticas públi­cas del Estado.

Ante la Cámara Americana de Comercio creo que habló la Jue­za dándole indicaciones al Minis­terio Público o la Procuradora tra­tando de que se encause mejor la persecución: Todos queremos que el estado de derecho no colapse en manos de nuestra Jueza más em­blemática en el Gobierno de Luis, al que muchos contribuimos en busca de garantías constituciona­les.

¡Ah! Pero, a propósito, no he vis­to en la prensa fotos del Gabinete y, hasta tanto se modifique la Consti­tución, cuando éste sea convocado, en ella debe estar la Procuradora General de la República como uno de sus miembros más importantes, en su condición de Ministra de Jus­ticia, si es una falta protocolar, corrí­janla.

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