Discutir sobre el “peaje sombra”

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Por SEGUNDO IMBERT BRUGAL

Exhibimos cierta proclividad para enredarnos en discusiones bizantinas, donde la cháchara se muerde el rabo y la bazofia arropa los hechos; de esas interminables, diseñadas para evadir realidades. Cantinfladas pseudo dialécticas que, finalmente, desestiman los hechos. Cada nuevo escándalo desata polémicas interminables y baladíes.

 Recientemente, políticos y comunicadores de a medio peso la docena, se enzarzan en dilucidar quienes serían los responsables de ejecutar la maldad del “peaje sombra”. Ese peaje siniestro y corrupto que, gracias a la decidida disposición del presidente Abinader, y al cuidadoso, valiente y profesional trabajo del abogado Emanuel Esquea y sus colaboradores, hoy conocemos al dedillo. Su investigación permitió negociaciones que dieron al traste con la trampa contractual.

No hubo terminado el presidente su alocución, cuando surgían por todas partes cuestionamientos sobre la autoría del fraude. Los dedos acusadores señalaban hacia un bando y al otro. Eso, a pesar de que aquí la duda no cabe, pues todo está firmado y sellado en cada folio. La documentación comprueba quiénes planificaron y ejecutaron el crimen.

Sus artífices, irregularidades, ilegalidades contractuales, y el daño al patrimonio nacional están claras; dicen cuándo, cómo, y quiénes ejecutaron la maldad. No hay nada que dilucidar ni discutir. Nada. No fue aquel ni el otro ni este: participaron tres presidencias, dos que ejecutaron y una tercera que lo mantuvo vigente. No firmaron perencejo ni zutanejo, lo hicieron tres ministros de Obras Públicas subordinados a sus presidentes. Quedó aprobado por la mayoría perredeísta del Senado. Todos tienen nombres y apellidos.

Ahora bien, lo que sí debe dilucidarse, discutirse atinadamente, y ventilarse públicamente, es la responsabilidad penal de quienes negociaron y autorizaron el fatídico peaje. Deberíamos saber si han prescrito los delitos; el grado de responsabilidad de cada uno de los firmantes; si cabe algún tipo de sanción; si la sombra de la impunidad cubrirá esta estafa igual que otras.

Todo, por supuesto, es cuestión de abogados y del ocupadísimo ministerio público, pero también atañe al colectivo. Si tuviesen verdadera vigencia, sería igualmente competencia de los organismos disciplinarios de los partidos (aunque sabemos que esos organismos son mudos, sordos y ciegos en el PLD, y timoratos en el PRM. Sancionar dentro de un partido dominicano ocurre menos que en una casa de lenocinio).

O sea, que la verdadera discusión, la que no sería bizantina, debe tratar sobre la tipificación del delito, la posibilidad de sometimiento, y cuál sería la condena. En cuanto al “peaje sombra” se refiere, los protagonistas están meridianamente expuestos. Por consiguiente, seguir buscando a quien señalar es parloteo sin sentido.

Que se produzca ese intercambio de ideas relacionado a los hechos demostrados, y obtengamos precisas conclusiones sobre sometimiento, condena y castigo, dependerá de la presente sociedad dominicana, ávida de justicia que, una vez más, comprueba las artimañas criminales que vienen ejecutando algunos de sus líderes en perjuicio de la ciudadanía.

Necesitamos una discusión apegada a esos documentos que cantan el ilícito más claro que un gallo. No hay cabida para debates de mucha espuma y poco chocolate.

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