Algunas consideraciones sobre vínculos entre el pueblo y el derecho

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Por Carlos Julio Fèliz Vidal

Lo normal es que el cambio en las estructuras sociales conduzca a un cambio en lo jurídico y político, pero a menudo un cambio en el Derecho puede influir en cambios en la base social y económica.

Hay cambios jurídico que se producen, sin embargo, por el capricho de un gobernante o la imposición de una ideología o por un cambio en la ciencia o en la tecnología, sin que necesariamente el cambio jurídico obedezca al desarrollo del pueblo en el que se produce.

El Derecho es un instrumento de dominación, en tanto que impone forzosamente la conducta, obliga aún cuando los presupuestos en los que descanse no sean racionales, por aquello de que la ley es dura, pero es la ley. La inaplicación de una ley es posible en los sistemas jurídicos donde el “juez ha dejado de ser la boca muda de la ley” acudiendo a mecanismos de limitación del poder legislativo, como lo son los controles de constitucionalidad, que permiten inaplicar una ley a un caso concreto (control difuso) o expulsarla del sistema normativo (control concentrado).

Es mayor el problema si es la propia Constitución la ley que resulta contraria a los intereses superiores del pueblo, lo que también puede ocurrir, en cuyo caso el control constitucional resulta insuficiente; esta situación puede ameritar del “control social”, la rebelión popular, la revolución social o el cambio radical del sistema político.

El Derecho no debería ser un fenómeno distante de la sociedad en que se aplique. De serlo, es posible que se trastorne la armonía social, que se produzca un divorcio entre la Sociedad y el Derecho y que se abran las puertas al caos o a la revolución.

Desconocer los sentimientos, las emociones, el temperamento y las creencias de un pueblo, a través de una regulación jurídica que se aleje de la cultura dominante en un contexto histórico determinado es potencialmente peligroso.

Es igualmente peligroso no darle cabida en el Derecho a la protección y regulación de los fenómenos sociales, científicos, culturales e ideológicos emergentes, si esta falta de regulación incide en la discriminación de minorías o en la imposición de parámetros que conduzcan a la arbitrariedad, irrespetando de manera indebida las libertades de conciencia, de culto, de expresión, la libre determinación, entre otras prerrogativas fundamentales.

El juego del Decho se desarrolla en un escenario donde conviven mayorías y minorías, donde unas y otras no están llamadas a acorralarse mutuamente.

Es tan odiosa la discriminación que hacen las mayorías sobre las minorías que tienen preferencias distintas, como la imposición legal de las ideologías de las minorías, en plataformas legales que obliguen a cambios culturales innecesarios para proteger los intereses de grupos que asumen conductas distintas a las mayorías.

Particularmente creo que el Derecho no debe ser un “siervo silente” ni de las mayorías ni de las minorías, en sus luchas intestinas por cuestiones morales, sexuales y religiosas.

La historia demuestra que la interdicción de la arbitrariedad, es un test efectivo para equilibrar el tratamiento entre grupos y personas que tienen preferencias distintas con respecto a temas donde lo que prima es el “juicio de la conciencia”, y donde el Estado y el Derecho no deben hacer imposiciones odiosas, que consagren o excluyan, que impongan o limiten, una ideología sin dejarle espacio a las otras.

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