Consideran privilegio exorbitante el que pide el confeso asesino de Jorge Mera

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BARAHONA: El doctor Carlos Julio Féliz Vidal, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo  y candidato a la presidencia Nacional del Colegio de Abogados de la República Dominicana, considera que el Ministerio Público debe denegar la solicitud del presunto asesino de Orlando Jorge Mera en la que pide una cobertura especial de prensa para dar a conocer su versión sobre los hechos en que perdió la vida el ministro de Medio Ambiente, por contrariar esta pretensión normas básicas del proceso judicial y prestarse al morbo social.

El confeso asesino de Jorge Mera ha pedido al Ministerio Público que le permita una “entrevista” en la cárcel o en otro sitio, con periodistas y medios de comunicación, para él manifestarle al país como ocurrieron los hechos que terminaron con la vida del ministro de Medio Ambiente, Dr. Orlando Jorge Mera.

El imputado pide para sí un privilegio exorbitante, para explotar el morbo social, olvidándose que tras un asesinato no son los medios de comunicación ni el pueblo quienes deben hacer el juicio que determine la culpabilidad, la inocencia, los motivos, las agravantes o las atenuantes que puedan, en un contexto histórico determinado, explicar las circunstancias del ilícito penal, afirmó el jurista. 

Esas atribuciones corresponden al sistema de justicia, en el marco de un proceso en el que se observen las garantías a los actores que intervengan como partes, incluyendo al propio justiciable, indicó el también Director del Instituto Nacional de Investigación y Adiestramiento Jurídico.

El imputado de un crimen cuya víctima sea una persona famosa, no tiene entre los derechos contemplados en el artículo 69 de la Constitución y el artículo 95 del Código Procesal Penal, el de solicitar para sí la cobertura de medios para dar a conocer su particular versión del crimen cometido, porque esto atentaría contra los derechos protegidos de las víctimas consagrados en el artículo 45 de la Constitución, en la atinente a la protección de la intimidad, el buen nombre, la fama, que se extiende al núcleo familiar de la persona malograda por el ilícito penal.

Si el imputado es interrogado por el Ministerio en la fase preparatoria y quiere adelantar versión de los hechos, bien podrían los medios acceder a las fuentes oficiales y hacer las reseñas correspondientes, bajo la salvedad que el imputado no está obligado a declarar en ninguna etapa del proceso y que de hacerlo, sus declaraciones sólo tienen valor si lo hace en presencia de una defensa técnica profesionalmente calificada para el ejercicio de la abogacía, señaló el profesional del Derecho.

Sería un error del Ministerio Público permitirle a Miguel Cruz la entrevista solicitada, en tanto que abriría un espacio de morbo social y podría contaminar la etapa preparatoria del proceso penal y con ello la intermedia y la de juicio.

No se trata de un show en la que el presunto asesino, tiene derecho a desahogarse ante los medios de comunicación, se trata de un crimen cuyo conocimiento está a cargo del Poder Judicial  siguiendo las reglas del debido proceso y que es el espacio técnico donde el justiciable puede ejercer el derecho a declarar, si lo considera oportuno a su teoría del caso, recalcó  Féliz Vidal en nota enviada a este medio.

No se puede invocar el derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento, ni siquiera el derecho a la información del pueblo para avalar la pertinencia de lo que solicita el imputado, porque estos derechos operan como libertades frente al Estado, que tiene el deber de la abstención al no perturbar su ejercicio y no el deber de prestación al conceder privilegios exorbitantes a un individuo que, aparentemente, quiere “hacer disonancia cognositiva” luego de perpetrar un crimen que ha conmocionado la nación.

Los derechos del imputado a la presunción de inocencia,  a la prueba lícita, a la contradicción, a la defensa profesional, entre otros, y a las garantías que se asocian a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, tampoco pueden justificar que se permita una cobertura de prensa para dar a conocer una “versión interesada”, que de paso puede tener el propósito de “revictimizar” al malogrado ministro, sostuvo el académico.

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