Repercusiones legales que enfrentaría Antonio Espaillat tras su declaración de disposición ante Ministerio Público
El abogado Manuel Fermín ha ofrecido un análisis detallado sobre las posibles consecuencias legales que podría enfrentar el empresario Antonio Espaillat tras su declaración de disposición ante el Ministerio Público, en el contexto de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set.
Según Fermín, la penalidad máxima prevista por el Código Penal Dominicano es de dos años de prisión por homicidio culposo, aplicable independientemente del número de personas afectadas.
Destacó que el cúmulo de penas, donde se suman sanciones por cada víctima, no está contemplado actualmente en el sistema penal del país y es un aspecto que aún espera ser aprobado en una nueva pieza.
La responsabilidad del Estado y los municipios
Fermín también se refirió al rol del Estado, específicamente al Ministerio de la Vivienda, en cuanto a la supervisión de infraestructuras.
Aclaró que la facultad de verificar la operatividad y condiciones de edificaciones ha sido transferida desde los ayuntamientos al Ministerio de la Vivienda, limitando las competencias municipales al uso del suelo y modificaciones iniciales en los proyectos de construcción.
Enfatizó que la edificación que albergaba la discoteca Jet Set fue originalmente diseñada para ser un cine, lo que podría generar cuestionamientos sobre el cambio en el uso del suelo y si las condiciones de la estructura cumplían con las normativas actuales.
En caso de ser declarada la responsabiidad del Estado, la sanción no sería penal, sino patrimonial, implicando reparaciones civiles por daños materiales y morales hacia las víctimas y sus familiares.
Demandas individuales por daños y perjuicios
El togado explicó que tanto los familiares de las víctimas como las personas heridas o afectadas psicológicamente tienen derecho a presentar demandas individuales. «Estas demandas podrían incluir reclamos por daño moral, secuelas emocionales e incluso las consecuencias económicas derivadas del evento. Aunque no existen acciones colectivas en República Dominicana, es posible que las demandas individuales puedan integrarse a un proceso penal más amplio, liderado por el Ministerio Público», aclaró en una entrevista en el programa El Dia de Telesistema canal 11.
