Fidel Lorenzo Merán
Las recientes declaraciones de Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, no deben pasar desapercibidas ni minimizarse. No se trata de una simple advertencia administrativa: es la confesión pública de que el sistema de justicia de la República Dominicana atraviesa una crisis profunda.
El colapso era perceptible desde hace tiempo. Tribunales saturados, expedientes acumulados, audiencias aplazadas indefinidamente y ciudadanos atrapados en procesos interminables. La falta de personal calificado, los servicios técnicos deficientes y una asignación presupuestaria pírrica han convertido la administración de justicia en un laberinto desesperante. Y cuando la justicia se retrasa, deja de ser justicia.
Lo más alarmante no es solo el reconocimiento de la crisis, sino la insinuación de que la salida podría estar en “negociaciones masivas”. ¿Es esa la respuesta que merece una sociedad que clama por sanciones ejemplares, especialmente en casos de corrupción pública? Cuando un alto porcentaje de los expedientes pendientes involucra acusaciones de corrupción gubernamental, cualquier mensaje que sugiera flexibilización o atajos procesales genera legítima desconfianza.
En un Estado social y democrático de derecho, la justicia no es un lujo ni una variable de ajuste presupuestario. Es un pilar esencial. Sin embargo, año tras año, el sector justicia recibe recursos insuficientes, incumpliendo lo establecido por ley. No se puede exigir eficiencia sin proveer herramientas. No se puede reclamar celeridad sin invertir en tecnología, infraestructura y capital humano.
La modernización del sistema judicial, la digitalización de los procesos y la implementación de una justicia abierta no pueden quedarse en discursos. Requieren voluntad política y, sobre todo, presupuesto. La ley general de Presupuesto y Gasto Público no es una sugerencia; es un mandato.
Pero también es momento de asumir responsabilidades. La crisis no puede convertirse en excusa para soluciones improvisadas ni para pactos que debiliten la credibilidad institucional. La población no pide atajos: exige justicia efectiva, transparente y firme.
Si el árbitro principal reconoce que el sistema está al borde del colapso, la respuesta no debe ser bajar la intensidad del juego, sino fortalecer las reglas y garantizar que se cumplan. De lo contrario, el mayor daño no será el retraso de los casos, sino la erosión definitiva de la confianza ciudadana.
Y cuando se pierde la confianza en la justicia, lo que se resquebraja no es solo un poder del Estado, sino la base misma de la democracia.
