Conflicto por extracción de yeso en Tamayo; comunitarios denuncian sacan 10 veces más de lo pactado

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SOL DIGITAL RD, TAMAYO.-. La extracción de yeso continúa paralizada en comunidades de Tamayo, provincia Bahoruco, donde los moradores reclaman mayores beneficios económicos y obras sociales, tras denunciar que las empresas mineras estarían retirando hasta diez veces más material del contemplado en el contrato.

El alcalde de Barranca, Simón Castillo Pérez, denunció que el acuerdo establece un pago mensual de 180,000 pesos por la extracción de 2,000 toneladas de yeso. Sin embargo, aseguró que actualmente se retiran hasta 20,000 toneladas sin que aumente la cantidad pagada.

La situación ha generado un conflicto entre las comunidades y las empresas extractoras, mientras los residentes exigen que los recursos provenientes de la actividad minera se traduzcan en obras de infraestructura, mejoras en el servicio eléctrico y otros beneficios sociales.

Ante la paralización, Vladimir Osorio, director del Plan Social del Ministerio de Energía y Minas, y Karolina Hernández, representante de Cementos Cibao, participaron en una reunión con autoridades municipales y dirigentes comunitarios para buscar una salida al conflicto.

En el encuentro, celebrado en la Cooperativa Santa Cecilia, en Barranca, también participaron la alcaldesa de Tamayo, Juana Mateo, y representantes de las comunidades afectadas.

Osorio explicó que su función consiste en dar seguimiento a las inversiones sociales de las empresas extractoras y manifestó el interés del ministerio en alcanzar una solución armoniosa al conflicto.

Por su parte, Hernández señaló que el Ayuntamiento de Tamayo enfrenta problemas administrativos que han impedido procesar los pagos correspondientes a más de un año de explotación minera.

Mantienen la paralización

Pese a la intervención de las autoridades y de la empresa, los comunitarios se mantienen firmes en su decisión de impedir que se reanude la extracción de yeso hasta que se alcance un acuerdo que responda a sus demandas.

Durante la asamblea se acordó conformar una mesa de trabajo integrada por representantes del Ayuntamiento de Tamayo, la cooperativa, la empresa y el Consejo Intercomunitario de la Cuenca por Dentro (Codei).

Los comunitarios exigen revisar el contrato de explotación, transparentar los recursos generados por la actividad minera y garantizar inversiones sociales en las poblaciones afectadas.

La denuncia sobre las cantidades extraídas y los pagos realizados corresponde a los representantes comunitarios y no ha sido verificada de manera independiente.

Fuente: Diario Libre

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